Carta pastoral al clero y a las personas
de la diócesis de Newark
y de la diócesis de Nueva Jersey
Del Reverendísimo Carlye J. Hughes, obispo de Newark
y el Reverendísimo William H. Stokes, obispo de Nueva Jersey 

Bishop Carlye Hughes Diocese of Newark

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

“¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti,
sino solo practicar la justicia, amar la misericordia,
 y andar humildemente con tu Dios? Miqueas 6:8

Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Junto con los miembros de nuestra iglesia y los ciudadanos, lamentamos la muerte, la destrucción y la devastación que la pandemia de la COVID19 está causando en tantas personas. Es una catástrofe mundial que está haciendo

Bishop William H. Stokes Diocese of New Jersey

estragos en países y en la vida de personas de todo el mundo. Nos ha afectado a todos. Nueva Jersey se ha visto especialmente perjudicada.

Nuestra primera reacción como iglesia, impulsada por el amor al prójimo, nos llevó a actuar rápidamente para estar a salvo. Motivados por el inmenso amor que Dios nos ha dado, dejamos de permitir los actos de culto público, suspendimos las reuniones en persona y buscamos nuevas maneras de atender. Esta medida ha influido en cada aspecto de quienes somos como iglesia. Esto ha generado un resultado inmediato e inesperado de profundización de la fe y de expansión del amor entre nosotros y nuestros vecinos.

Es este amor el que hace que nos sea imposible centrarnos en el funcionamiento interno de nuestra comunidad eclesiástica. Sí, somos la iglesia en nuestros hogares y realizamos adoraciones en línea. Y lo que es igual de importante, somos una iglesia que satisface las nuevas y extraordinarias necesidades de nuestros vecinos. No podemos evitar ver, conocer y amar a los miles de trabajadores esenciales que siguen arriesgando su salud y la de sus familias para satisfacer las necesidades de todo el estado. Como obispos, estamos convencidos de que debemos prestar mucha atención a aquellos que sobrellevan la excepcional carga de este virus por su raza, trabajo o estatus.

En el momento de escribir este artículo, más de 1,2 millones de personas de los Estados Unidos han dado positivo en covid-19. Más de 72 000 estadounidenses han muerto debido a la enfermedad. Seguro que la cifra aumentará mucho, ya que no existe una vacuna en la actualidad que evite que las personas contraigan la enfermedad, ni ningún tratamiento terapéutico de probada eficacia para los enfermos graves, ni la capacidad suficiente para realizar pruebas de detección para ayudar en el control de la propagación de la covid-19. Junto con los fieles de todo el mundo, lamentamos la gran cantidad de víctimas, así como las dificultades económicas, el miedo endémico y la ansiedad que muchos están sufriendo debido a esta pandemia. Clamamos la intervención misericordiosa de Dios y su amor sanador. También alabamos a esos héroes situados en el frente de la batalla que luchan contra esta enfermedad y proporcionan servicios esenciales a tantas personas. Al arriesgar su seguridad y bienestar por el bien de los demás, representan los más altos valores del amor humano y cristiano.

Apreciamos el firme liderazgo del gobernador Phil Murphy en nombre de todos los ciudadanos de Nueva Jersey. Ha mostrado una profunda preocupación por los trabajadores de Nueva Jersey. Le rogamos que vaya más allá. Tras reconocer los peligros y riesgos que los trabajadores esenciales de Nueva Jersey están asumiendo en nombre de todos nosotros todos los días para que la sociedad siga funcionando, nos unimos a los que piden al Gobernador que firme un Decreto para que se proporcione la protección necesaria contra la pandemia a trabajadores esenciales.

Es indiscutible que gran parte del daño y la destrucción del nuevo coronavirus proviene de una fuerza caprichosa de la naturaleza que supera la culpabilidad y el control humano. No obstante, también se debe reconocer que, al igual que ha ocurrido con los desastres nacionales y de salud anteriores, existen pruebas indiscutibles de que este desastre ha acarreado mayores costes humanos y una tasa de mortalidad más alta de personas de color en los Estados Unidos que de la predominante población de raza blanca.

En Nueva Jersey, a 6 de mayo de 2020, hay más de 131 000 personas enfermas de covid-19. Más de 8500 han muerto debido a la enfermedad. Los datos actuales, que no están completos, indican que aproximadamente el 20% de los fallecimientos por covid-19 en el estado de Nueva Jersey han sido de personas de raza negra, aunque tan solo representen el 15 % de la población del estado. De hecho, los residentes de raza negra de Nueva Jersey presentan un mayor riesgo de morir por covid-19 que cualquier otro grupo racial. Desgraciadamente, este patrón de fallecimientos altamente desproporcionados de personas de color prevalece en otras partes del país y también en Nueva York, Luisiana, Michigan y otros estados, superando en varios casos la alta tasa de disparidad en Nueva Jersey.

Este patrón predecible es la trágica consecuencia de injusticias sistémicas y estructurales profundamente arraigadas, sobre todo debido a la injusticia del racismo sistémico, que ha azotado a esta nación desde su inicio. Las políticas en curso y a largo plazo, deliberadas a menudo en nuestra nación y en el Estado de Nueva Jersey, que se dirigen a las personas de color han provocado enormes desigualdades raciales y disparidades en los principales ámbitos: educación, vivienda, oportunidad económica, riqueza neta e ingresos. La aparición de la pandemia de la covid-19 ha exacerbado los efectos de todo lo mencionado. Encomendamos al gobernador Murphy que firme una ley que exija la documentación de todos los datos raciales de todos los casos de covid-19 en Nueva Jersey. Para abordar el problema, necesitamos saber cuál es el alcance total de las desigualdades.

La Dra. Lisa A. Cooper (profesora emérita de Salud Pública de Bloomberg y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y Directora de la Facultad de Equidad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins) ha observado lo siguiente:

“Las disparidades raciales existentes en las tasas de enfermedades crónicas incrementan los riesgos de complicaciones graves por el nuevo coronavirus en minorías étnicas y provocan mayores tasas de mortalidad. Además, las disparidades que se han observado con respecto a cómo afecta la enfermedad a las poblaciones de minorías raciales/étnicas señalan desigualdades en el estado socioeconómico, las condiciones de vida y el acceso a la atención sanitaria en los EE. UU. Como muchas personas de minorías raciales y étnicas viven en situación de pobreza, sufren esta pandemia de una forma distinta. Por ejemplo, pueden depender del transporte público si no pueden permitirse pagar un coche y tienen que comprar con mayor frecuencia para cubrir las necesidades básicas, ya que no se pueden permitir acumular productos, y no tienen seguro médico ni acceso a una asistencia médica periódica. El distanciamiento social puede que no sea una opción práctica o realista para muchos, ya que pueden vivir en apartamentos pequeños o en casas con varias familias. Las minorías étnicas también tienen mayores probabilidades de estar expuestas al virus mientras trabajan debido a su número excesivo en trabajos esenciales en transporte, gobierno, atención sanitaria y servicios de suministro de alimentos, y en trabajos mal remunerados o temporales que puede que no permitan el teletrabajo o la baja remunerada por enfermedad” (véase la “Transparencia sobre datos por razas” de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins). 

La maldad de las encarcelaciones masivas, previas a la aparición de la pandemia de la covid-19 y que han supuesto un caso evidente de racismo sistémico en nuestra cultura, se ha agravado por la enfermedad. Nueva Jersey tiene una de las tasas de encarcelación más altas de la nación y también los niveles más altos de disparidad racial en esas detenciones. Los injustos requisitos condenatorios y las peligrosas condiciones en las cárceles y prisiones de nuestra nación, entre las que se incluyen las de Nueva Jersey, hacen que las personas que están encarceladas, así como aquellos que las custodian o trabajan en las cárceles, sean “blancos perfectos” para el virus covid-19. A partir del 1 de mayo de 2020, el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Nueva Jersey confirmó que habían realizado pruebas de la covid-19 en 220 reclusos del sistema. 175 reclusos dieron positivo, 28 dieron negativo y quedan 17 resultados pendientes. NJDOC ha notificado la muerte de 30 reclusos por covid-19. A 1 de mayo de 2020, 549 empleados del Departamento de Instituciones Penitenciarias de Nueva Jersey habían dado positivo por covid-19. Aunque el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Nueva Jersey y de Sanidad penitenciaria de la universidad Rutgers se hayan asociado para realizar pruebas de detección deCOVID-19 universales entre la población reclusa, nos preocupa que esta medida se haya tomado demasiado tarde.

Teniendo en cuenta que el número per cápita de personas de color encarceladas es significativamente desproporcionado con respecto al número de personas blancas (a pesar de que, en muchos casos, las personas de color no cometen delitos a un ritmo superior[1]), los estragos de la covid-19 en nuestras cárceles vuelven a afectar a niveles asimétricos. Existe un amplio consenso de que los cálculos de las víctimas del Gobierno han subestimado el impacto de la covid-19 en la población carcelaria y su personal de apoyo, por lo que se podrían añadir más de 23 000 casos más al número de muertes. Nueva Jersey tiene aproximadamente 16 000 adultos y jóvenes en sus cárceles. Aunque el gobernador Murphy actuó a la hora de permitir que 700 personas salieran de las prisiones del condado de forma temporal, no ha actuado de manera firme para abordar el riesgo que supone el coronavirus para la mayoría de la población carcelaria. De nuevo, a 1 de mayo de 2020, solo a 220 de los 16 000 reclusos se les ha hecho la prueba de la covid-19. Aunque las viviendas grupales para el personal que se acaban de establecer servirán para proteger aún más a los miembros del personal del Departamento de Instituciones Penitenciarias, y las apoyamos plenamente, nos sigue preocupando la vulnerabilidad de los reclusos de todo el sistema.

Nos unimos a todas las personas del país que defiendan que se deben tomar de inmediato medidas que influyan en el sistema de justicia penal y, sobre todo, en las prisiones de nuestra nación (entre las que se incluyen las del Estado de Nueva Jersey). Entre estas medidas se encuentran las siguientes:

  • Detener o reducir en gran medida la tasa de arresto y encarcelamiento de personas por delitos de menor nivel.
  • Liberar a aquellos reclusos que sean vulnerables a la covid-19 por su edad o problemas de salud y que, a nivel estadístico, representan un bajo riesgo de reincidencia.

Esta crisis ha puesto claramente de relieve la necesidad imperiosa de revisar nuestro sistema de justicia penal y de reorientar nuestros esfuerzos en la rehabilitación y no en la represalia. Instamos a las personas de nuestras dos diócesis a ponerse en contacto con nuestro gobernador y con los funcionarios estatales y a que apoyen estas medidas para salvar vidas. Tal y como contempla la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU):

Estados Unidos encarcela a más personas que cualquier otro país del mundo al contar con el cuatro por ciento de la población total y el 21 por ciento de la población penitenciaria a nivel mundial. Además, la reforma de nuestro sistema de encarcelamiento y vigilancia se centraría en gran medida en la reducción de las desigualdades y el daño sistémico al que se enfrentan las comunidades de color, que ya estaban excesivamente vigiladas y en exceso en las cárceles y prisiones.

Nos sentimos obligados a expresar nuestra angustia por el trato ofrecido a los inmigrantes durante esta crisis. Aunque a menudo sirven de respaldo para nuestra economía al realizar empleos de baja remuneración, las personas indocumentadas no reúnen los requisitos para la mayoría de las ayudas de emergencia que se ofrecen a las familias que precisen asistencia de acuerdo con la Ley CARES, incluyendo los pagos de incentivo y de bajas remuneradas. Estamos de acuerdo con Rushad Thomas, de la Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Iglesia Episcopal, en que “Mientras el Congreso aprueba la legislación que proporciona una baja por enfermedad remunerada y baja familiar y médica, los legisladores también deben ampliar estas protecciones a los inmigrantes indocumentados y documentados”.

Como ocurre con la población penitenciaria en general, la detención de personas indocumentadas que se enfrentan a la expulsión plantea riesgos importantes para la salud de los inmigrantes. La Administración Trump ha actuado de forma agresiva al atacar a la población inmigrante. Entre otras decisiones políticas, la administración cambió la norma denominada “carga pública”, que permite al gobierno excluir a los inmigrantes si teme que supondrán una “carga” para los programas de asistencia en efectivo, como la Asistencia temporal a las familias necesitadas (TANF). La nueva norma sitúa dentro de la legislación los programas no monetarios anteriormente excluidos, como Medicaid y el Programa asistencial de nutrición suplementaria (SNAP). El Instituto de Política Migratoria (MPI) estima que esto podría poner a más de la mitad de la población inmigrante sin ciudadanía en riesgo de determinación de carga pública. La cifra anterior fue del 3 %.

Rushad Thomas ha observado lo siguiente:

Los inmigrantes indocumentados no pueden acceder a la mayoría de las prestaciones públicas sujetas a un estudio de los recursos económicos, como Medicaid. Además, millones de personas indocumentadas trabajan en empleos que no proporcionan seguro médico, por lo que, si enferman, es mucho menos probable que reciban tratamiento. Las políticas que se han adoptado recientemente, como la norma de Carga pública, también disuaden a los inmigrantes documentados a acceder a las prestaciones sanitarias, de vivienda y nutrición que podrían servir de ayuda en estos momentos tan difíciles. Lo mismo se aplica en las personas indocumentadas que puedan tener hijos con ciudadanía estadounidense que reúnen los requisitos para recibir prestaciones. La administración anunció hace poco que las pruebas de coronavirus no irán en detrimento de los inmigrantes de acuerdo con la norma de Carga pública. Celebramos esta declaración. Al mismo tiempo, nos sigue preocupando que la norma de Carga pública tenga un efecto negativo en la salud y bienestar de las personas (véase Inmigrantes y covid-19). 

Creemos firmemente que la norma de Carga pública, que el Tribunal Supremo ratificó el 24 de abril de 2020, es draconiana y cruel y que no debe adoptarse.

La decisión de la Administración de cerrar las fronteras de los Estados Unidos y bloquear la entrada de todos los solicitantes de asilo al país es inhumana y contradice el derecho internacional, que prohíbe que Estados Unidos suspenda el derecho de las personas de estar a salvo de la repatriación forzosa en circunstancias y condiciones que pongan en peligro su vida, que está aún más en riesgo durante la pandemia actual. Hay alternativas más humanitarias.

La mayoría de las personas que buscan asilo en los Estados Unidos tienen relación con familiares o amigos que están en este país. Las organizaciones religiosas, como Episcopal Migration Ministries (Ministerios Episcopales de Migración) y otras organizaciones, están disponibles y dispuestas a ayudar a los solicitantes de asilo al ofrecer distintas formas de apoyo, entre las que se incluye la asistencia legal, que permite la legislación internacional y de los Estados Unidos. Coincidimos con el Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) que, en una carta dirigida al secretario interino del Departamento de Seguridad Interior, manifestó su “preocupación por la salud y el bienestar de las poblaciones migrantes en situación de vulnerabilidad: sobre todo por los inmigrantes detenidos y niños no acompañados en el contexto de la covid-19”, e instó al “Departamento de Seguridad Interior (DHS) y a sus unidades a seguir cumpliendo con las obligaciones de la ley de los Estados Unidos de permitir que grupos vulnerables, como niños no acompañados, tengan acceso a la protección en Estados Unidos y que al mismo tiempo sigan las mejores prácticas sanitarias para que los inmigrantes no estén expuestos a la covid-19”. Rechazamos por completo cualquier política de inmigración que incluya la separación familiar. También consideramos que solo las personas con antecedentes de violencia deben ser detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el marco de las leyes de inmigración. La privatización del Complejo industrial penitenciario (PIC) es inmoral e incentiva (como así hace) la encarcelación de personas con ánimo de lucro. El encarcelamiento y la detención de personas por cometer delitos debe ser una triste tarea del estado, no una actividad rentable para el empresario. En medio de una pandemia, estos problemas de vida y muerte exigen a los cristianos y a toda la población que actúen de una forma comprensiva y humana.

Por último, el Presidente y el Congreso no han resuelto la crisis de DACA. Nueva Jersey es el hogar de más de 16 000 beneficiarios de DACA. Más de 5000 de estas personas se consideran “trabajadores esenciales” y entre ellos se encuentran enfermeros, técnicos en emergencias sanitarias y otros “héroes” que llevan a cabo trabajos que salvan vidas durante esta crisis de la covid-19. De nuevo, felicitamos al gobernador Murphy por defender a los “Dreamers” de Nueva Jersey y por escribir al secretario interino del Departamento de Seguridad Interior para pedir que las solicitudes de DACA se renueven automáticamente durante esta crisis. Pero esto no es suficiente.

Estos “Dreamers”, a los que trajeron sus padres a los Estados Unidos, viven pensando en la aterradora posibilidad de que se les pueda expulsar por la fuerza de este país. El Tribunal Supremo tomará de forma inminente una decisión sobre el decreto de la Administración Trump para rescindir el programa de la era Obama. A muchos les preocupa que el Tribunal decida a favor de la Administración. Esto pondría a unos 800 000 “Dreamers” en una situación peligrosa. Es hora de que todos insistamos en que el Congreso y el Presidente actúen en su nombre de manera definitiva en este ámbito. Los “Dreamers” forman parte de nuestras iglesias, son nuestros vecinos, como lo son todos aquellos de los que hemos hablado en esta Carta pastoral. Como tales, fuimos mandados a amarles. La 77.ª Convención General de la Iglesia Episcopal aprobó de manera inequívoca la Resolución 2012- D067, en la que se pedía “la aprobación de una legislación federal que ofrezca la posibilidad de obtener la ciudadanía a los jóvenes indocumentados”. Instamos a los miembros de nuestra iglesia a emplear el procedimiento de Alerta para la acción de la Oficina de Relaciones Gubernamentales para ponerse en contacto con los miembros del Congreso e instar a la aprobación de una legislación para proteger a estos “Dreamers”.

La pandemia del coronavirus es una amenaza para todos los seres humanos pero, como suele ocurrir con las crisis, también es una oportunidad. Esta pandemia nos brinda la oportunidad de descubrir nuestra más profunda humanidad y nos invita a seguir el mandamiento más importante de Cristo: “Ámense unos a otros” (Juan 13:34). Nuestra Oficina de Relaciones Gubernamentales, mediante las Alertas para la acción de la Red Episcopal de Políticas Públicas (EPPN), nos ofrece información significativa sobre cómo podemos actuar y hablar al unísono con nuestros dirigentes federales electos sobre estos y otros asuntos fundamentales en materia de justicia, incluyendo los asuntos relacionados con la covid-19.

El 27 de abril, durante una rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, el gobernador Murphy compartió el plan de acción para Nueva Jersey tras la situación de emergencia por la pandemia, que se titulaba “The Road Back: Restoring Economic Health Through Public Health” (El camino de regreso: recuperación de la salud económica a través de la salud pública). El Gobernador habló de la necesidad de una nueva actitud de “resiliencia” en Nueva Jersey y dijo: “Hemos aprendido valiosas lecciones que sería una pena ignorar, ya que nos garantizarían la resiliencia de Nueva Jersey”. Que nadie se quede sin protección por su condición racial o socioeconómica debe formar parte de nuestra respuesta a esta epidemia”. Estamos totalmente de acuerdo con el Gobernador y respaldamos este objetivo. También somos conscientes de que, en la larga y dolorosa historia de nuestro país, hemos fracasado en esta tarea en muchas ocasiones y que lograrlo requerirá un gran empeño y disciplina.

El gran erudito bíblico y activista judío ya fallecido, Abraham Joshua Heschel, escribió una vez: “Una persona no puede ser religiosa y a la vez actuar de manera indiferente ante la difícil situación y sufrimiento de otros seres humanos”. Nuestra identidad como creyentes de Jesucristo y los compromisos de nuestras promesas bautismales dejan claro que no podemos actuar de manera indiferente ante la difícil situación y el sufrimiento de aquellos que han sufrido más esta pandemia, y sobre todo de aquellos que han sido víctimas por partida doble debido a nuestro legado histórico de racismo e injusticia. En medio de esta crisis, con todo el sufrimiento y dolor que conlleva, debemos renovar nuestro compromiso de amar y actuar en favor de la justicia y con compasión.

Nos ha llegado a todos la hora de actuar. El silencio se podría interpretar inevitablemente como una aprobación tácita. Hace más de cincuenta años, el reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. dijo: “La máxima tragedia no es la opresión y crueldad cometidas por las personas malas, sino el silencio de la gente buena”. Quienes soportan un mayor peso debido su trabajo, enfermedad o fallecimiento nos necesitan en esta crisis sanitaria. Ellos también son nuestros vecinos, no podemos permanecer callados.

En nuestros hogares, grupos pequeños, hora del café por internet, grupos de oración e iglesias debemos preguntar una y otra vez lo mismo: “¿Cómo podemos ayudar?” Y después debemos empezar a tomar medidas. Usted tiene nuestro apoyo, estamos dispuestos a unirnos a ustedes, y creemos que el amor que compartimos por Dios y por el prójimo puede cambiar el mundo y aliviar el peso que llevan algunos en nuestra comunidad.

Por favor, sepan que les llevamos (a nuestras queridas personas de nuestras dos diócesis) en nuestros corazones y oraciones.

Reciban un cordial saludo en Cristo,


El Reverendísimo Carlye J. Hughes
Obispo de Newark

El Reverendísimo William H. Stokes
Obispo de Nueva Jersey


[1] La Dra. Ashley Nellis comenta lo siguiente: “las duras leyes sobre estupefacientes son claramente un factor importante en las persistentes disparidades raciales y étnicas observadas en las cárceles estatales. En los delitos relacionados con estupefacientes, las disparidades son especialmente graves, debido en gran parte al hecho de que las personas de color tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser arrestadas por delitos de estupefacientes que las blancas y 2,5 veces más probabilidades de ser arrestadas por posesión de estupefacientes. Esto a pesar de la evidencia de que las personas blancas y de color consumen estupefacientes aproximadamente al mismo porcentaje. De 1995 a 2005, aproximadamente el 13 por ciento de los usuarios de estupefacientes eran afroamericanos, pero el 36 % de los arrestos por estupefacientes y el 46 % de los condenados por delitos de estupefacientes también fueron afroamericanos. (Nellis, Ashley, doctorado, “The Color of justice: Racial and Ethnic Disparity in State Prisons”, 14 de junio de 2016 (véase el sitio web “The Sentencing Project” en https://www.sentencingproject.org/publications/color-of-justice-racial-and-ethnic-disparity-in-state-prisons/